{"id":293,"date":"2022-03-04T21:54:14","date_gmt":"2022-03-05T00:54:14","guid":{"rendered":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/?p=293"},"modified":"2022-07-11T11:45:56","modified_gmt":"2022-07-11T14:45:56","slug":"la-impugnacion-de-reglamentos-en-sede-administrativa-en-el-ambito-nacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/2022\/03\/04\/la-impugnacion-de-reglamentos-en-sede-administrativa-en-el-ambito-nacional\/","title":{"rendered":"La impugnaci\u00f3n de reglamentos en sede administrativa en el \u00e1mbito nacional"},"content":{"rendered":"\n

SUMARIO: I. Introducci\u00f3n. II. El reglamento: consideraciones generales. II.a. Concepto y naturaleza jur\u00eddica. II.b. Delimitaci\u00f3n de la actividad impugnatoria. III. Impugnaci\u00f3n de reglamentos en el \u00e1mbito nacional. III.a. Impugnaci\u00f3n directa. III.b. Impugnaci\u00f3n indirecta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

I. Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La doctrina coincide en que los reglamentos son, al menos cuantitativamente, la fuente m\u00e1s importante del derecho administrativo. Esta realidad, que se acent\u00faa con el transcurso del tiempo, hace que sea de especial relevancia el estudio de los mecanismos procedimentales para su impugnaci\u00f3n, como modo de evitar abusos o asimilar ilegitimidades.<\/p>\n\n\n\n

En este trabajo nos proponemos recorrer, primero, los aspectos centrales de la teor\u00eda del reglamento, a fin de caracterizar y delimitar el instituto, para luego, ingresar al tratamiento que el orden jur\u00eddico nacional da a las v\u00edas para su impugnaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En esta labor, ser\u00e1n consultadas la doctrina y jurisprudencia especializadas, as\u00ed como el plexo normativo aplicable.<\/p>\n\n\n\n

Podemos aventurar en esta introducci\u00f3n, que en el procedimiento administrativo es incuestionable la vigencia de ciertos principios que, en el estado actual de la ciencia, convergen en la tutela jurisdiccional efectiva. A la luz de este principio, la dispensabilidad del patrocinio letrado y el informalismo en favor del administrado, deben ser premisas para el dise\u00f1o de un procedimiento administrativo sencillo, f\u00e1cilmente transitable por letrados y legos, con soluciones claras y con previsi\u00f3n normativa, y con normas accesibles al com\u00fan de los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n

Como veremos, ni esta sencillez ni esta claridad son lo que caracteriza a la impugnaci\u00f3n de reglamentos, d\u00e1ndose en algunos casos, incoherencias entre las disposiciones legales, que una generosa hermen\u00e9utica debe salvar para impedir su naufragio.<\/p>\n\n\n\n

En este panorama, intentaremos exponer las v\u00edas posibles y presentar de modo sistem\u00e1tico las cuestiones conexas con su tr\u00e1mite y funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n

II. El reglamento: consideraciones generales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Antes de ingresar al tema central de este trabajo, resultar\u00e1 \u00fatil recordar algunas cuestiones centrales en la construcci\u00f3n te\u00f3rica del reglamento.<\/p>\n\n\n\n

II.a. Concepto y naturaleza jur\u00eddica<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Marienhoff defini\u00f3 al reglamento como una manifestaci\u00f3n de voluntad de \u00f3rganos administrativos, creadora de estatus generales, impersonales y objetivos, advirtiendo que no existen reglamentos para regir un caso concreto[1]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Cassagne denomina reglamento al acto unilateral que emite un \u00f3rgano de la administraci\u00f3n p\u00fablica, creador de normas jur\u00eddicas generales y obligatorias, que regula situaciones objetivas e impersonales[2]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Gordillo postula que un reglamento es una declaraci\u00f3n unilateral realizada en ejercicio de la funci\u00f3n administrativa que produce efectos jur\u00eddicos generales en forma directa[3]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Balb\u00edn, indica que son actos de alcance general, abstracto y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo con efectos jur\u00eddicos directos sobre situaciones jur\u00eddicas (terceros), en virtud de una atribuci\u00f3n del poder constitucional[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Puede advertirse que estas conceptualizaciones presentan rasgos comunes, siendo el m\u00e1s destacable el alcance general y abstracto[5]<\/sup><\/a> de los efectos de la actividad reglamentaria.<\/p>\n\n\n\n

Esta caracter\u00edstica del reglamento ha sido el eje de una honda discusi\u00f3n doctrinaria entre quienes postulan su caracterizaci\u00f3n como acto administrativo de alcance general, y quienes, por el contrario, reservan la calificaci\u00f3n de acto administrativo s\u00f3lo para los de alcance individual, colocando entonces al reglamento como una categor\u00eda distinta de acto jur\u00eddico estatal.<\/p>\n\n\n\n

Entre los primeros, destaca Marienhoff, quien asegur\u00f3 que: \u00abLos actos administrativos de contenido \u201cgeneral\u201d o \u201cabstracto\u201d hallan expresi\u00f3n en los \u201creglamentos\u201d\u00bb[6]<\/sup><\/a> y que: \u00abLos \u201creglamentos\u201d no son otra cosa que una especie de actos administrativos\u00bb[7]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En el otro extremo, se ubica, por ejemplo, Cassagne, quien se\u00f1ala que los reglamentos se encuentran sujetos a un r\u00e9gimen jur\u00eddico peculiar que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los actos administrativos y de las instrucciones de servicio, circulares y dem\u00e1s reglamentos internos[8]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Ello es compartido por Comadira, para quien: \u00abGen\u00e9ricamente considerados, los actos de alcance general normativos (reglamentos) o no normativos constituyen actos administrativos, si a esta locuci\u00f3n se le atribuye el significado de producto o resultado de la funci\u00f3n administrativa. No obstante, si uno de los prop\u00f3sitos de la teor\u00eda del acto es reunir en su \u00e1mbito a las declaraciones sujetas a un r\u00e9gimen jur\u00eddico uniforme, aquella consideraci\u00f3n gen\u00e9rica obsta al logro de ese anunciado fin clarificador y sistematizador. Los actos de alcance general poseen, en efecto, singularidades que impiden asimilarlos, en su r\u00e9gimen jur\u00eddico, a los actos individuales\u00bb[9]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Es esta \u00faltima posici\u00f3n la que prima en la doctrina contempor\u00e1nea, pese a que la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo n\u00b0 19549 -en adelante LNPA-, adopt\u00f3 una noci\u00f3n amplia de acto administrativo distinguiendo seg\u00fan el alcance particular o general de este, sin perjuicio de las diferencias de r\u00e9gimen jur\u00eddico para ambos.<\/a><\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, marca Comadira que la ley y su reglamentaci\u00f3n (decreto 1759\/72, en adelante DR-LNPA) parecen haberse volcado, el menos en la literalidad de sus t\u00e9rminos, por el criterio amplio, dado que en diversas disposiciones se refieren a actos de alcance general (arts. 11, 24 y 25, LNPA; 73, 75, 83 y 103 DR-LNPA)[10]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En \u00faltima instancia, y existiendo regulaciones jur\u00eddicas diversas, consideramos que le asiste raz\u00f3n a Gordillo en cuanto expresa que: \u00ab\u2026 no se discute siquiera la conveniencia de distinguir tres clases de actos jur\u00eddico-administrativos (unilaterales generales, unilaterales particulares, contractuales) sino s\u00f3lo el nombre que se les dar\u00e1\u00bb[11]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Con lo cual, podremos concluir que el reglamento es efectivamente un acto estatal productor de efectos jur\u00eddicos generales y abstractos, y como tal, est\u00e1 sometido \u00ab\u2026 a los dos principios fundamentales del r\u00e9gimen jur\u00eddico\u2011administrativo: sumisi\u00f3n a la ley y a las normas jer\u00e1rquicamente superiores y posibilidad de una fiscalizaci\u00f3n jurisdiccional para hacer efectiva dicha sumisi\u00f3n\u00bb[12]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Para concluir, parece importante precisar una cuesti\u00f3n terminol\u00f3gica. El reglamento emanado del Poder Ejecutivo se denomina decreto, en tanto que los actos dictados por el jefe de gabinete en ejercicio de la administraci\u00f3n general del pa\u00eds se instrumentan en las llamadas decisiones administrativas. Por su parte, los reglamentos de autoridades subordinadas al Poder Ejecutivo (ministros, secretarios, directores, etc.) reciben el nombre de resoluciones o disposiciones.  La terminolog\u00eda correcta es, en todos los casos, \u201creglamento\u201d, cualquiera que sea el \u00f3rgano o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde el punto de vista jur\u00eddico la utilizaci\u00f3n de distintos t\u00e9rminos, y prevaleciendo el alcance general, que lo tipifica como tal[13]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

II.b. Delimitaci\u00f3n de la actividad impugnatoria<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Existe consenso generalizado en doctrina respecto a la clasificaci\u00f3n de los reglamentos en cuatro categor\u00edas: 1) ejecutivos o de ejecuci\u00f3n; 2) aut\u00f3nomos o independientes; 3) delegados, y; 4) de necesidad y urgencia. Los caracterizaremos sint\u00e9ticamente.<\/p>\n\n\n\n

Los reglamentos de ejecuci\u00f3n son los dictados por el presidente en uso de la atribuci\u00f3n que le confiere el art. 99, inc. 2\u00b0 de la Constituci\u00f3n Nacional, y tienen por fin asegurar o facilitar la aplicaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de aquellas leyes cuya  aplicaci\u00f3n est\u00e9 a cargo del Poder Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n

Los reglamentos aut\u00f3nomos son aquellos que el Poder Ejecutivo dicta para regular materias que pertenecen a su zona de reserva, sin aplicaci\u00f3n de una ley preexistente, y por invocaci\u00f3n del art. 99, inc. 1\u00b0 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n

Los reglamentos delegados constituyen verdadera actividad legislativa, y son dictados por el Poder Ejecutivo bajo las condiciones del art. 76 de la Constituci\u00f3n Nacional, a saber: que la delegaci\u00f3n se disponga por ley del Congreso, que se trate de materias determinadas de administraci\u00f3n o exista emergencia p\u00fablica, que se establezcan bases para el ejercicio de la delegaci\u00f3n, y que la misma sea por un plazo determinado. Es importante destacar que, como principio general, la delegaci\u00f3n legislativa se encuentra prohibida, tal como principia la citada cl\u00e1usula constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, los reglamentos de necesidad y urgencia -que poseen tambi\u00e9n naturaleza legislativa- son los dictados por el presidente -en acuerdo general de ministros- en circunstancias excepcionales que imposibiliten el tr\u00e1mite ordinario de sanci\u00f3n de las leyes, siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de r\u00e9gimen de los partidos pol\u00edticos, conforme lo establece el art. 99, inc. 3\u00b0 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n

Observa Marienhoff que \u00ab\u2026 los reglamentos delegados y los de necesidad y urgencia, dado su contenido son sustancialmente \u201clegislativos\u201d, aunque formalmente sean administrativos, los reglamentos aut\u00f3nomos -independientes o constitucionales- y los de ejecuci\u00f3n, tanto por su contenido como por su forma son, en cambio, sustancial y formalmente \u201cadministrativos\u201d. El Poder Ejecutivo, al emitir reglamentos \u201caut\u00f3nomos\u201d y de \u201cejecuci\u00f3n\u201d ejercita facultades constitucionales propias\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Esta observaci\u00f3n en cuanto a la forma y sustancia netamente administrativa de los reglamentos de ejecuci\u00f3n y aut\u00f3nomos reviste vital importancia al momento de su impugnaci\u00f3n, puesto que: \u00ab\u2026 los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados [\u2026] no requieren el agotamiento de ning\u00fan tipo de instancia administrativa a efectos de su impugnaci\u00f3n judicial. Ello en virtud de que su contenido resulta ser materialmente legislativo, lo cual los emparenta en mayor medida con la ley que con los dem\u00e1s reglamentos (aut\u00f3nomos y de ejecuci\u00f3n) en cuanto al r\u00e9gimen procesal que rige su cuestionamiento en sede administrativa\u00bb[14]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, atento a la tensi\u00f3n que la delegaci\u00f3n legislativa y el uso de decretos de necesidad y urgencia supone con el sistema republicano de gobierno, es dable presumir que su impugnaci\u00f3n tendr\u00e1 por base agravios constitucionales. Respecto a ello, la jurisprudencia[15]<\/sup><\/a> ha establecido en forma pac\u00edfica que el planteamiento sobre la constitucionalidad de una ley, decreto, etc., es una cuesti\u00f3n que no puede ser dirimida en sede administrativa, atento al sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad que caracteriza a nuestro ordenamiento. Particularmente en el caso de los reglamentos delegados, la Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n -en adelante PTN- comparte la inaplicabilidad de la exigencia de agotamiento de la v\u00eda administrativa previa, en atenci\u00f3n a que tienen la misma jerarqu\u00eda que las leyes[16]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

III. Impugnaci\u00f3n de reglamentos en el \u00e1mbito nacional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el orden nacional, la impugnaci\u00f3n de reglamentos recibe tratamiento en varias disposiciones de la LNPA y del DR-LNPA, las que, vale adelantar, no gozan de la claridad y sistematicidad deseables, sobre todo, trat\u00e1ndose de una instancia previa obligatoria para el ciudadano que puede actuar sin patrocinio letrado.<\/p>\n\n\n\n

El punto de partida de este esquema ser\u00e1 necesariamente el art. 24 de la LNPA, que prev\u00e9 dos mecanismos posibles para cuestionar actos de alcance general[17]<\/sup><\/a> en miras a su impugnaci\u00f3n judicial posterior: en su inc. a, la impugnaci\u00f3n directa; en su inc. b, la impugnaci\u00f3n indirecta.<\/p>\n\n\n\n

III.a. Impugnaci\u00f3n directa<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El art. 24, inc. a de la LNPA dispone que el reglamento podr\u00e1 ser atacado por v\u00eda judicial: \u00abCuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dict\u00f3 y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el art. 10\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Este supuesto se denomina impugnaci\u00f3n directa, puesto que implica que el interesado cuestione el reglamento sin necesidad de que exista acto particular de aplicaci\u00f3n[18]<\/sup><\/a>, a trav\u00e9s de un reclamo que la doctrina ha coincidido en denominar \u201cimpropio\u201d, posiblemente, para diferenciarlo del reclamo administrativo previo que la LNPA regula en sus arts. 30 a 32 y que procede en otros supuestos.<\/p>\n\n\n\n

Hutchinson ve en este mecanismo una herramienta importante frente a abusos en la facultad reglamentaria, puesto que: \u00ab\u2026 posibilita la exclusi\u00f3n inmediata del ordenamiento jur\u00eddico de un reglamento contrario a la ley\u00bb[19]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En primer lugar, surge de la norma que el \u201cinteresado\u201d debe verificar una afectaci\u00f3n cierta e inminente de un derecho subjetivo.<\/p>\n\n\n\n

La omisi\u00f3n del inter\u00e9s leg\u00edtimo permite suponer que el legislador deliberadamente ha querido apartarse, en el reclamo impropio, del principio general que rige el procedimiento administrativo nacional en materia de legitimaci\u00f3n[20]<\/sup><\/a>. No obstante, Canosa afirma que la doctrina mayoritaria se inclina por considerar que la legitimaci\u00f3n debe ser amplia y abarcar las distintas categor\u00edas que informan dentro del procedimiento administrativo y del proceso en general, llegando a incluir, adem\u00e1s, a los derechos de incidencia colectiva[21]<\/sup><\/a>. Hutchinson agrega que el derecho subjetivo debe ser preexistente al acto de alcance general cuestionado[22]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La norma se limita a indicar que el reclamo debe formularse ante la autoridad que dict\u00f3 el reglamento. De ello se infiere que el \u00f3rgano competente para resolver es tambi\u00e9n aquel que lo haya dictado, justific\u00e1ndose ello en el hecho de que este medio de impugnaci\u00f3n se realiza con anterioridad a que se produzca su aplicaci\u00f3n por medio del acto individual[23]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al plazo de interposici\u00f3n, su naturaleza de reclamo lleva a que no se halle sujeto a plazo alguno, salvo el de prescripci\u00f3n[24]<\/sup><\/a>. Esta interpretaci\u00f3n fue seguida por la PTN, que sostuvo que ante la ausencia de previsi\u00f3n normativa expresa que fije un plazo a tales fines, no cabe la aplicaci\u00f3n supletoria de otros dispositivos, con lo cual no existe la mencionada limitaci\u00f3n temporal en estos supuestos[25]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La norma tampoco prev\u00e9 un plazo para la resoluci\u00f3n, por lo que Hutchinson ha postulado -considerando que la resoluci\u00f3n de un reclamo es un \u201ctr\u00e1mite\u201d-, que puede aplicarse el art. 1\u00b0, inc. e, apdo. 4\u00b0 de la LNPA, que establece un plazo gen\u00e9rico de diez d\u00edas[26]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

S\u00ed remite la norma expresamente al art. 10 de la LNPA para el caso de silencio en la resoluci\u00f3n. En efecto, si consideramos aplicable el plazo gen\u00e9rico de diez d\u00edas mencionado, el interesado deber\u00e1 interponer pronto despacho luego de vencido este, en tanto que, si dicho plazo no se estima aplicable, la omisi\u00f3n de resoluci\u00f3n deber\u00e1 exceder los sesenta d\u00edas. En ambos casos, vencidos los plazos respectivos, deber\u00e1 deducirse pronto despacho ante la autoridad, y transcurridos treinta d\u00edas sin resoluci\u00f3n, se configurar\u00e1 la denegatoria t\u00e1cita.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, si la autoridad rechaza expresamente el reclamo impropio, el art. 73 del DR-LNPA prev\u00e9 que dicha resoluci\u00f3n es irrecurrible, habiendo operado el agotamiento de la v\u00eda. Consecuentemente, a partir de la notificaci\u00f3n del rechazo, comenzar\u00e1 a computarse el plazo de noventa d\u00edas para concurrir a la v\u00eda judicial, conforme lo establece el art. 25, inc. b de la LNPA.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a los efectos de la resoluci\u00f3n, Hutchinson postula que una vez que el reglamento es declarado ileg\u00edtimo (sea por el \u00f3rgano emisor, sea en sede judicial) la administraci\u00f3n debe derogarlo (conforme art. 83 del DR-LNPA), dado que el principio de legalidad objetiva le impide continuar aplicando un reglamento del que conoce la ilegitimidad[27]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

III.b. Impugnaci\u00f3n indirecta<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El art. 24, inc. b) dispone que el reglamento podr\u00e1 ser atacado por v\u00eda judicial: \u00abcuando la autoridad de ejecuci\u00f3n del acto de alcance general le haya dado aplicaci\u00f3n mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin \u00e9xito las instancias administrativas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En este caso, la autoridad ha hecho aplicaci\u00f3n del reglamento, generando como resultado actos administrativos, y es a trav\u00e9s de la impugnaci\u00f3n de estos actos, que puede, de forma mediata, cuestionarse tambi\u00e9n el reglamento.<\/p>\n\n\n\n

La doctrina coincide en que el agotamiento de las instancias administrativas al que refiere la norma no es otra cosa que la articulaci\u00f3n de los recursos administrativos previstos en el DR-LNPA, y que esta constituye \u00ab\u2026 la \u00fanica posibilidad por la cual el recurso administrativo es procedente para alcanzar la impugnaci\u00f3n de un reglamento\u00bb<\/sup><\/a>[28]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En sinton\u00eda con ello, el art. 73 del DR-LNPA establece que los actos de alcance general \u00ab\u2026 a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicaci\u00f3n, podr\u00e1n ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que se prev\u00e9 en el presente t\u00edtulo, ello sin perjuicio de lo normado en el art\u00edculo 24 inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N\u00ba 19.549\u2026\u00bb, asimismo, la norma indica que: \u00abLos recursos podr\u00e1n fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, m\u00e9rito o conveniencia del acto impugnado o al inter\u00e9s p\u00fablico\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Debemos destacar que el art. 75 del DR-LNPA al referirse al \u00f3rgano competente para resolver recursos, prev\u00e9 que: \u00abSi se tratare de actos dictados en cumplimiento de otros de alcance general, ser\u00e1 competente el organismo que dict\u00f3 la norma general sin perjuicio de la presentaci\u00f3n del recurso ante la autoridad de aplicaci\u00f3n, quien se lo deber\u00e1 remitir en el t\u00e9rmino de CINCO (5) d\u00edas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

De esta norma, Hutchinson concluye que el recurso debe interponerse ante la autoridad de aplicaci\u00f3n del acto, pero el \u00f3rgano competente para resolverlo es el autor del acto de alcance general[29]<\/sup><\/a>, lo que resulta l\u00f3gico, pues al entender en el caso que el reglamento es ileg\u00edtimo, debe dejarlo sin efecto, o sea, derogarlo[30]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Canosa advierte que esta disposici\u00f3n reglamentaria crea una variante especial del recurso jer\u00e1rquico, dado que podr\u00eda presentarse la circunstancia de que quien emiti\u00f3 el reglamento no sea un \u00f3rgano de los consignados como competentes para resolver los recursos tipificados por el DR- LNPA[31]<\/sup><\/a> (p. ej. reglamento dictado por un secretario, y aplicado por un subsecretario).<\/p>\n\n\n\n

Esta misma cuesti\u00f3n, permite suponer que no en todos los supuestos este \u201crecurso indirecto\u201d agotar\u00e1 v\u00eda, dado que, en el caso ejemplificado, restar\u00eda<\/a> todav\u00eda la interposici\u00f3n de recurso jer\u00e1rquico, a fin de obtener pronunciamiento de una autoridad que configure agotamiento de v\u00eda, en los t\u00e9rminos del art. 90 del DR-LNPA.<\/p>\n\n\n\n

De verificarse un supuesto en que el \u00f3rgano emisor del reglamento no coincida con los que la reglamentaci\u00f3n habilita para dar resoluci\u00f3n al jer\u00e1rquico, es decir, al encontrarnos frente a este \u201crecurso indirecto\u201d, se abren m\u00faltiples interrogantes en torno a su funcionamiento fruto de su falta de regulaci\u00f3n aut\u00f3noma, esencialmente, respecto a los plazos. Aqu\u00ed, Canosa postula que: \u00ab\u2026 a los fines de evitar confusiones y facilitar la participaci\u00f3n del particular en esta porci\u00f3n del procedimiento, deber\u00edan aplicarse las normas correspondientes al recurso jer\u00e1rquico, m\u00e1s all\u00e1 de la fr\u00eda letra del art. 75 del RNPA\u00bb[32]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a los efectos de la resoluci\u00f3n de este recurso, el ya citado art. 83 del DR-LNPA establece que: \u00abLos actos administrativos de alcance general podr\u00e1n ser derogados, total o parcialmente, y reemplazados por otros, de oficio o a petici\u00f3n de parte y aun mediante recurso en los casos en que \u00e9ste fuere procedente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Con lo cual, ser\u00eda correcto que la resoluci\u00f3n favorable de la impugnaci\u00f3n indirecta de un reglamento llevar\u00e1 a su derogaci\u00f3n, aunque, l\u00f3gicamente, todo ello depender\u00e1 de las circunstancias del caso concreto en relaci\u00f3n con las disposiciones reglamentarias cuestionadas.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a> MARIENHOFF, Miguel S. (2011). \u201cTratado de derecho administrativo\u201d. Bs. As.: Abeledo Perrot. T. I, pp. 250\/251.<\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a> CASSAGNE, Juan C. (2016). \u201cCurso de derecho administrativo\u201d. Bs. As.: La Ley. T.I, p.158.<\/p>\n\n\n\n

[3]<\/a> GORDILLO, Agust\u00edn (2017). \u201cTratado de derecho administrativo y obras selectas\u201d. Bs. As.: Fundaci\u00f3n de Derecho Administrativo. T. I, p. VII-17.<\/p>\n\n\n\n

[4]<\/a> BALB\u00cdN, Carlos F. (2020). \u201cManual de derecho administrativo\u201d. Bs. As.: La Ley. P. 97.<\/p>\n\n\n\n

[5]<\/a> Balb\u00edn postula que el aspecto determinante para definir el car\u00e1cter particular o general de un acto estatal estriba en la contextura abierta o cerrada respecto de los destinatarios y la individualizaci\u00f3n de estos en el propio acto. En efecto, el acto particular indica de forma determinada o determinable qui\u00e9nes son sus destinatarios, constituyendo un grupo cerrado; el acto general, en cambio, posee un campo subjetivo indeterminado y abierto (BALB\u00cdN, Carlos F. 2020. \u201cManual\u2026\u201d. Op. cit. P. 97).<\/p>\n\n\n\n

[6]<\/a> MARIENHOFF, Miguel S. (2011). \u201cTratado\u2026\u201d. Op. cit. T. II, p. 202.<\/p>\n\n\n\n

[7]<\/a> Ibidem. P. 203.<\/p>\n\n\n\n

[8]<\/a> CASSAGNE, Juan C. (2016). \u201cCurso\u2026\u201d. Op. cit. T. I, p. 159.<\/p>\n\n\n\n

[9]<\/a> COMADIRA, Julio R. \u201cAlgunos aspectos de la teor\u00eda del acto administrativo\u201d. Publicado en: JA 1996- IV-750. Cita Online: 0003\/001180.<\/p>\n\n\n\n

[10]<\/a> COMADIRA, Julio R. (2018). \u201cCurso de derecho administrativo\u201d. Bs. As.: Abeledo Perrot. T. I, p. 391.<\/p>\n\n\n\n

[11]<\/a> GORDILLO, Agust\u00edn (2017). \u201cTratado\u2026\u201d. Op. cit. T. III, p. IV-3.<\/p>\n\n\n\n

[12]<\/a> GARRIDO FALLA, Fernando (1963). \u201cTratado de derecho administrativo\u201d. Madrid: Instituto de Estudios Pol\u00edticos. T. III, p. 380.<\/p>\n\n\n\n

[13]<\/a> CASSAGNE, Juan C. (2016). \u201cCurso\u2026\u201d. Op. cit. T. I, p. 164.<\/p>\n\n\n\n

[14]<\/a> FURNARI, Esteban C. & FURNARI, Roberto O. (2018). \u201cProceso contencioso administrativo federal\u201d. Bs. As.: Astrea. P. 68.<\/p>\n\n\n\n

[15]<\/a> CNCAF, Sala I, 16\/8\/94, \u201cMansilla\u201d; id., id., 12\/9\/96, \u201cCidecom Internacional SA\u201d y \u201cClarewood SA\u201d; id., Sala II, 23\/5\/95, \u201cF\u00e1brica Argentina de Stockinette SA c\/EN y DGI s\/juicio de conocimiento\u201d; id., Sala III, 21\/3\/96, \u201cEsso SAPA c\/Direcci\u00f3n General Impositiva\u201d, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

[16]<\/a> PTN. Dict\u00e1menes 211:171.<\/p>\n\n\n\n

[17]<\/a> La norma se refiere a cualquiera de las distintas clases de actos que tienen contenido general, aunque posean distintas denominaciones (HUTCHINSON, Tom\u00e1s. 2017. \u201cR\u00e9gimen de procedimientos administrativos\u201d. CABA: Astrea. P. 217).<\/p>\n\n\n\n

[18]<\/a> No obstante, alguna jurisprudencia ha entendido que el empleo del reclamo impropio no es una alternativa obligatoria para el interesado, que puede optar por no utilizarla, y objetar la aplicaci\u00f3n del acto cuando esta se produzca (CNACAF, Sala III, 15\/05\/1986, \u201cBanco Comercial del Norte SA\u201d).<\/p>\n\n\n\n

[19]<\/a> HUTCHINSON, Tom\u00e1s (2017). \u201cR\u00e9gimen\u2026\u201d. Op. cit. P. 218.<\/p>\n\n\n\n

[20]<\/a> El art. 3\u00b0 del DR-LNPA establece en su primera parte: \u00abEl tr\u00e1mite administrativo podr\u00e1 iniciarse de oficio o a petici\u00f3n de cualquier persona humana o jur\u00eddica, p\u00fablica o privada, que invoque un derecho subjetivo o un inter\u00e9s leg\u00edtimo; \u00e9stas ser\u00e1n consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

[21]<\/a> CANOSA, Armando N. (2017). \u201cProcedimiento administrativo: recursos y reclamos\u201d. Bs. As.: Astrea. T. II, pp. 309\/310.<\/p>\n\n\n\n

[22]<\/a> HUTCHINSON, Tom\u00e1s (2017). \u201cR\u00e9gimen\u2026\u201d. Op. cit. P. 218.<\/p>\n\n\n\n

[23]<\/a> PEARSON, Marcelo M. (1990). \u201cManual de procedimientos administrativos\u201d. Bs. As.: Abeledo Perrot. P. 136.<\/p>\n\n\n\n

[24]<\/a> COMADIRA, Julio R. (2018). \u201cCurso\u2026\u201d. Op. cit. T. II, p. 1386.<\/p>\n\n\n\n

[25]<\/a> PTN. Dict\u00e1menes 191:105.<\/p>\n\n\n\n

[26]<\/a> HUTCHINSON, Tom\u00e1s (2017). \u201cR\u00e9gimen\u2026\u201d. Op. cit. P. 221.<\/p>\n\n\n\n

[27]<\/a> HUTCHINSON, Tom\u00e1s (2017). \u201cR\u00e9gimen\u2026\u201d. Op. cit. P. 221\/222.<\/p>\n\n\n\n

[28]<\/a> CANOSA, Armando N. (2017). \u201cProcedimiento\u2026\u201d. Op. cit. T. 1, p. 367.<\/p>\n\n\n\n

[29]<\/a> HUTCHINSON, Tom\u00e1s (2017). \u201cR\u00e9gimen\u2026\u201d. Op. cit. P. 425.<\/p>\n\n\n\n

[30]<\/a> Ibidem. P. 426.<\/p>\n\n\n\n

[31]<\/a> CANOSA, Armando N. (2017). \u201cProcedimiento\u2026\u201d. Op. cit. T. 1, p. 367.<\/p>\n\n\n\n

[32]<\/a> Ibidem. P. 368.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3mo citar este art\u00edculo:<\/strong><\/td><\/tr>
Corsalini, Guido A. (2022, marzo). La impugnaci\u00f3n de reglamentos en sede administrativa en el \u00e1mbito nacional. Ius in fieri DDA.<\/em> www.iusinfieri.com.ar<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n
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SUMARIO: I. Introducci\u00f3n. II. El reglamento: consideraciones generales. II.a. Concepto y naturaleza jur\u00eddica. II.b. Delimitaci\u00f3n de la actividad impugnatoria. III. Impugnaci\u00f3n de reglamentos en el \u00e1mbito nacional. III.a. Impugnaci\u00f3n directa. III.b. Impugnaci\u00f3n indirecta. I. Introducci\u00f3n […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":10,"featured_media":281,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[6,23,3],"tags":[27,25,26],"class_list":{"0":"post-293","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-administrativo","8":"category-art","9":"category-dpu","10":"tag-procedimiento-administrativo","11":"tag-reclamo-impropio","12":"tag-reglamento"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=293"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/293\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":368,"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/293\/revisions\/368"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/281"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iusinfieri.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}