<\/p>\n\n\n\n
I. Introducci\u00f3n<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n El presente trabajo, se enmarca dentro de las investigaciones del Proyecto de Investigaci\u00f3n del \u201cObservatorio de Servicios P\u00fablicos y regulaci\u00f3n de la Provincia de Santa Fe\u201d, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Pontificia Universidad Cat\u00f3lica Argentina, Sede Rosario.<\/p>\n\n\n\n A modo de aclaraci\u00f3n metodol\u00f3gica, intentaremos analizar en el presente la cuesti\u00f3n de la competencia en casos de contiendas judiciales en materia de servicios p\u00fablicos en la provincia de Santa Fe. Para ello, partiremos de las clasificaciones que al respecto ha realizado la doctrina especializada, para luego realizar su adecuaci\u00f3n al derecho p\u00fablico local santafesino y su particular organizaci\u00f3n en materia de control judicial de la Administraci\u00f3n, en base a an\u00e1lisis de casos jurisprudenciales.<\/p>\n\n\n\n Cabe agregar, siempre dentro del marco del Proyecto de investigaci\u00f3n antes mencionado, realizaremos un an\u00e1lisis de la normativa marco \u2013con base en la jurisprudencia de los tribunales locales- relativa al ejercicio de funciones de poder de polic\u00eda de servicios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, como aclaraci\u00f3n previa al tratamiento del tema que nos ocupa, corresponde recordar, junto con P\u00e9rez Hualde, que \u201ccuando hablamos de servicios p\u00fablicos, hablamos de econom\u00eda pol\u00edtica. M\u00e1s concretamente, ponemos nuestra atenci\u00f3n en las acciones positivas del Estado sobre los comportamientos propios del mercado; tratamos de intervenci\u00f3n del poder pol\u00edtico en la econom\u00eda\u201d[1]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>.<\/p>\n\n\n\n A partir de ello, resulta ineludible vincular el tema de los servicios p\u00fablicos \u2013en especial los domiciliarios- con los concepto de vivienda digna<\/em> (art. 14 bis de la Constituci\u00f3n Nacional) y la vivienda<\/em> adecuada<\/em> (art\u00edculo 11 p\u00e1rrafo 1\u00b0 del Pacto de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, aprobado por ley 23.313, con jerarqu\u00eda constitucional conforme la manda del art. 75 inciso 22 de la Constituci\u00f3n, y la Observaci\u00f3n General N\u00b0 4 aprobada por el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales que tiene dicho que \u201cel derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales\u201d <\/em>(punto 1\u00b0).<\/p>\n\n\n\n En igual inteligencia, el punto 8\u00b0 inciso b) de dicha Observaci\u00f3n 4ta, ha expresado que \u201cDisponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrici\u00f3n. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deber\u00edan tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energ\u00eda para la cocina, la calefacci\u00f3n y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminaci\u00f3n de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ha dicho que la vivienda digna y adecuada configura un derecho humano en autos \u201cCEPIS c\/ Ministerio de Energ\u00eda y Miner\u00eda\u201d[2]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>, en particular el considerando 33\u00b0 de la mayor\u00eda. <\/p>\n\n\n\n Siguiendo similar razonamiento, P\u00e9rez Hualde, con cita del fallo reci\u00e9n, ha expresado que \u201clos derechos fundamentales encuentran su fundamento y apoyo en la dignidad de la persona humana misma\u201d<\/em>, relacionando -adem\u00e1s- un \u201cnivel de vida adecuado\u201d con una \u201cvivienda adecuada\u201d, y \u201ces este nivel de vida adecuado el que implica y exige, para ser tal, la satisfacci\u00f3n de determinadas necesidades de naturaleza econ\u00f3mica que, a su vez, garantizan el acceso a otros derechos tambi\u00e9n humanos y fundamentales, de gran importancia. As\u00ed es como la necesidad del agua potable, del servicio sanitario, de la electricidad, del gas natural, del transporte p\u00fablico, de los corredores viales, del correo…\u201d[3]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a>. <\/em><\/p>\n\n\n\n Dignidad de la persona -que la doctrina reconoce como fuente de derechos humanos- y que en el caso santafesino cuenta con consagraci\u00f3n constitucional en la Carta Magna provincial en los art\u00edculos 7 -manda que establece que el Estado reconoce a la persona humana su eminente dignidad y todos los \u00f3rganos del poder p\u00fablico est\u00e1n obligados a respetarla y protegerla y 15 -como l\u00edmite a la iniciativa econ\u00f3mica de los individuos-.<\/p>\n\n\n\n Previo a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n se hab\u00eda expresado calificando como derecho humano al servicio de agua potable en autos \u201cKersich, Juan Gabriel c\/ Aguas Bonaerenses s\/amparo\u201d[4]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>. Tal car\u00e1cter de servicio p\u00fablico viene a reforzar la idea de que se trata de un servicio p\u00fablico \u201cobligatorio\u201d, y por tal, refiere a la obligatoriedad para el usuario[5]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, vemos la importancia que esta tem\u00e1tica tiene la vida en sociedad actual.<\/p>\n\n\n\n II. Jurisdicci\u00f3n en caso de contiendas judiciales en materia de servicios p\u00fablicos. Generalidades<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n 1.<\/strong> En los servicios p\u00fablicos \u201cuti singuli\u201d<\/em> cuya utilizaci\u00f3n es facultativa para el usuario, el v\u00ednculo que une a las partes es contractual, de donde deriva la idea de precio. En cambio, en los servicios cuya utilizaci\u00f3n es obligatoria para el administrado, el v\u00ednculo que une a \u00e9ste con la entidad que presta el servicio es reglamentario, lo que excluye la idea de precio e impone la idea de tasa.<\/p>\n\n\n\n 1.1.<\/strong> Servicios \u201cuti universi\u201d<\/em> y \u201cuti singuli\u201d<\/em>:<\/p>\n\n\n\n En los servicios llamados \u201cuti universi\u201d<\/em> el beneficiario es la sociedad toda. En los \u201cuti singuli\u201d<\/em>, en cambio, el beneficiario es un usuario determinado (aqu\u00ed el v\u00ednculo es contractual, salvo algunas excepciones -ense\u00f1anza p\u00fablica- donde el v\u00ednculo es reglamentario).<\/p>\n\n\n\n Para Marienhoff, si se trata de un servicio \u201cuti universi\u201d<\/em> el v\u00ednculo es reglamentario. Si es un servicio \u201cuti singuli\u201d<\/em> de uso obligatorio (v.gr. ense\u00f1anza primaria[6]<\/sup><\/a>) tambi\u00e9n ser\u00e1 reglamentario. Si es un servicio \u201cuti singuli\u201d<\/em> de uso facultativo: el v\u00ednculo ser\u00e1 contractual de derecho privado principalmente (civil o comercial seg\u00fan el caso), sin perjuicio de las notas de derecho p\u00fablico correspondientes a la \u00edndole de la actividad (servicio p\u00fablico).<\/p>\n\n\n\n De modo tal que, ante servicios p\u00fablicos \u201cuti universi\u201d<\/em> o \u201cuti singuli\u201d<\/em> de uso obligatorio, resulta la competencia contencioso administrativo.<\/p>\n\n\n\n En cambio, si se trata de servicios p\u00fablicos \u201cuti singuli\u201d<\/em> facultativos, la jurisdicci\u00f3n ser\u00e1 la civil y comercial.<\/p>\n\n\n\n En el caso de servicios p\u00fablicos propios prestados indirectamente a trav\u00e9s de un particular, habr\u00e1 que distinguir entre: a) las controversias concedente-concesionarias, que corresponden al contencioso administrativo; b) los conflictos entre usuario y concesionario, que son competencia de la justicia ordinaria.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, en el supuesto de servicios p\u00fablicos impropios, los conflictos entre prestador y usuario, corresponden a la justicia ordinaria [7]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n Tal es la calificaci\u00f3n que ha dado la doctrina al tema y la adoptaremos a los fines de la presente.<\/p>\n\n\n\n Sin perjuicio de ello, Cassagne, si bien respecto del modo de fijar la tarifa, hace la siguiente distinci\u00f3n: a) Si nos encontramos ante servicios p\u00fablicos prestados en situaci\u00f3n de monopolio: se trata de actos de alcance general<\/em><\/strong> (que no tienen naturaleza reglamentaria -porque no integran el ordenamiento jur\u00eddico-, pero que participan de los principios que le son aplicables: publicidad, igualdad, irretroactividad, impugnabilidad). b) En cambio, si estamos ante servicios prestados en concurrencia: la fijaci\u00f3n de la tarifa pueden fijarse por v\u00eda contractual<\/em><\/strong> (si hay libertad) o mediante un contrato de adhesi\u00f3n[8]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n Al tiempo que para autores como Bianchi, la tarifa tiene naturaleza \u201cmixta\u201d: entre concedente y concesionario tendr\u00e1 naturaleza contractual; y entre concesionario y usuario tiene naturaleza reglamentaria [9]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n 2. Competencia judicial en contiendas relativas a los servicios p\u00fablicos, su adecuaci\u00f3n al derecho p\u00fablico local santafesino<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n Ahora bien, tra\u00edda la tem\u00e1tica a la provincia de Santa Fe, hay que distinguir situaciones diversas, dependiendo de qu\u00e9 casos de servicios estamos hablando, y trazando las diferencias con la situaci\u00f3n de lo existente a nivel federal.<\/p>\n\n\n\n 2.1.<\/strong> A nivel Nacional: ser\u00e1 competente la Justicia Federal en las contiendas entre usuarios y prestatarios nacionales de los servicios federales, (Entre otros: distribuci\u00f3n domiciliaria de gas, transporte de electricidad, transporte interprovincial -salvo que se invoque la normativa de fondo del derecho del consumidor, lo que podr\u00eda provocar la competencia ordinaria del pleito-).<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, en el caso \u201cDavaro<\/em>\u201d[10]<\/sup><\/a> (sobre el servicio de telefon\u00eda fija), resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, se estableci\u00f3 que la relaci\u00f3n entre usuario y prestador es de derecho privado[11]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n En tal sentido, no podemos dejar de mencionar la posibilidad de impugnaci\u00f3n de aumentos por la v\u00eda del amparo colectivo[12]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n 2.2. Los supuestos de contienda judicial en Santa Fe<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n Antes de analizar el tema de la competencia judicial en materia de servicios p\u00fablicos, corresponde hacer algunas menciones a la regulaci\u00f3n constitucional de esta tem\u00e1tica en la Constituci\u00f3n Provincial.<\/p>\n\n\n\n En tal sentido, el art. 55 inciso 16 de la Carta Magna Provincial prev\u00e9 como atribuci\u00f3n del Poder Legislativo Provincial \u201cConceder privilegios o est\u00edmulos por tiempo determinado con fines de fomento industrial, con car\u00e1cter general\u201d[13]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>.<\/p>\n\n\n\n La Constituci\u00f3n provincial, asimismo, establece otro art\u00edculo espec\u00edfico al respecto, el art. 72 inciso 5, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial, el que: \u201cProvee, dentro de los mismos l\u00edmites, a la organizaci\u00f3n, prestaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos\u201d[14]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>.<\/p>\n\n\n\n De modo tal que, haciendo un somero an\u00e1lisis constitucional, podemos extraer las siguientes conclusiones: a) las concesiones \u2013en cuanto traigan aparejadas privilegios- deben ser efectuadas por la Legislatura santafesina; y b) al tiempo que la organizaci\u00f3n, prestaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n corresponde a la \u00f3rbita de atribuciones del Poder Ejecutivo provincial.<\/p>\n\n\n\n Ahora s\u00ed, analizando el nivel provincial de Santa Fe, debemos remarcar, en primer lugar, que si bien podemos replicar el mismo esquema de Marienhoff arriba descripto, dada la particular composici\u00f3n del Contencioso administrativo y la dispersi\u00f3n del control judicial de la Administraci\u00f3n en el derecho p\u00fablico santafesino, corresponde hacer un an\u00e1lisis m\u00e1s pormenorizado.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, debemos recordar el particular sistema desconcentrado de control judicial de la Administraci\u00f3n vigente en la provincia de Santa Fe, pues la revisi\u00f3n judicial de la actividad administrativa no es ejercida \u00fanica y exclusivamente por los tribunales especializados con competencia en lo contencioso administrativo.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, la doctrina administrativista ha expresado que \u00abel control judicial del Estado en la Provincia de Santa Fe se lleva a cabo a trav\u00e9s de distintas t\u00e9cnicas, las cuales se hacen valer ante tambi\u00e9n distintos tribunales y mediante diversos procedimientos. Es por ello que se afirma que el sistema santafesino de control judicial a la Administraci\u00f3n P\u00fablica es de ‘jurisdicci\u00f3n m\u00faltiple'\u00bb[15]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n Ello por cuanto, en la organizaci\u00f3n judicial santafesina, no toda la materia contencioso administrativa corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa[16]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n 2.2.1.<\/strong> An\u00e1lisis de distintos supuestos de conflictos relativos a servicios p\u00fablicos en Santa Fe:<\/p>\n\n\n\n a) Contiendas entre Concesionario y concedente<\/u>:<\/strong> Este tipo de controversias corresponden, en principio, a la competencia del Fuero Contencioso Administrativo.<\/p>\n\n\n\n Ello por cuanto, se trata de una relaci\u00f3n contractual de derecho p\u00fablico, donde la discusi\u00f3n en torno al t\u00edtulo habilitante (v.gr. concesi\u00f3n, licencia o permiso) resultan de la competencia contencioso administrativo.<\/p>\n\n\n\n Con relaci\u00f3n a este aspecto, podemos mencionar los casos \u201cCooperativa de Servicios de Agua Potable, Electricidad y Obras P\u00fablicas de Funes Ltda c\/ Comuna de Funes\u201d[17]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em> (relativo a la modificaci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n); o las solicitudes cautelares de aumento de la tarifa (CCA N\u00b0 1, \u201cTransporte 9 de Julio S.A. c\/ Municipalidad de Santa Fe\u201d[18]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>), o la caducidad de la adjudicaci\u00f3n (Corte Provincial, \u201cRolando, Ana M. c\/ Municipalidad de Rosario\u201d[19]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>), o el muy citado \u201cTransporte 9 de Julio S.A. c\/ Municipalidad de Rosario\u201d<\/em>, de la Corte Provincial[20]<\/sup><\/a>) relativo a la liquidaci\u00f3n del pago del servicio de recolecci\u00f3n de residuos s\u00f3lidos urbanos y la ampliaci\u00f3n del servicio.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, en el marco de la relaci\u00f3n contractual se podr\u00edan dictar actos administrativos que requieran de impugnaci\u00f3n aut\u00f3noma, conforme a la doctrina de CSJN sentada en \u201cGypobras<\/em>\u201d[21]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n En tal sentido, el caso tramitado ante la Corte Provincial \u201cEmaco S.A. y ots c\/ Municipalidad de Rosario\u201d[22]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>, por el cual un concesionario de servicios p\u00fablicos impugnaba la imposici\u00f3n de una multa con fundamento en el pliego de bases y condiciones, la Corte Local rechaz\u00f3 el recurso intentado.<\/p>\n\n\n\n O el caso ventilado ante la C\u00e1mara Contencioso Administrativo Nro 1 de Santa Fe, \u00abEd\u00e9n S.A. c. Municipalidad de Avellaneda s. RCA\u00bb<\/em>, A. y S., tomo 6, p\u00e1g. 120 de fecha 21.09.2006, donde un particular cuestionaba la falta de \u201cautorizaci\u00f3n\u201d del Concejo Deliberante para la instalaci\u00f3n y funcionamiento de un cementerio privado. La competencia, nuevamente, corresponde al contencioso administrativo[23]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, el caso \u201cComuna de Diego de Alvear c. Cooperativa de Servicios El\u00e9ctricos y Soc. de San Gregorio\u201d[24]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>, donde la Corte Provincial resolvi\u00f3 que la v\u00eda del apremio municipal o comunal de la ley 5066, no resulta apta para el reclamo y cobro del \u201cderecho de concesi\u00f3n\u201d[25]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n Dec\u00edamos que, en principio, estas acciones corresponden al contencioso administrativo, pues \u201cen efecto, puede ocurrir que el Estado sea demandado y la pretensi\u00f3n sea de naturaleza civil. Por ello, consideramos que al respecto debe hacerse una segunda distinci\u00f3n, en orden a su naturaleza, entre pretensiones civiles o meramente patrimoniales (que son aquellas para cuya resoluci\u00f3n no es menester, necesariamente, interpretar actos o contratos administrativos), y pretensiones contencioso administrativas, que se relacionan con la impugnaci\u00f3n de un acto administrativo, y conllevan por ende materia contencioso administrativa\u201d[26]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n En sentido coincidente, Algarra, manifiesta, a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de la jurisprudencia de la Corte Provincial y las C\u00e1maras de lo Contencioso Administrativa de nuestra provincia, que, en primer lugar, las demandas de responsabilidad del Estado vinculadas a contratos administrativos[27]<\/sup><\/a>, corresponde entender a la justicia con competencia en lo contencioso administrativo. En segundo lugar, los contratos civiles de la Administraci\u00f3n, corresponden a la competencia civil. Tales son los dos principios en la materia.<\/p>\n\n\n\n En tercer lugar, el primer principio antes referido cuenta con una excepci\u00f3n, esto es que, a\u00fan trat\u00e1ndose de contratos administrativos, ser\u00e1n de la competencia de la justicia civil y comercial \u201ccuando en la acci\u00f3n de cobro de pesos, la Administraci\u00f3n no discute el derecho al cobro, raz\u00f3n por la cual, la procedencia o no de la pretensi\u00f3n, no remite a la interpretaci\u00f3n de cl\u00e1usulas del contrato\u201d[28]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n b) Contiendas entre usuario y concesionario<\/u>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el caso de las contiendas judiciales entre el usuario y el concesionario, sin entrar a analizar la protecci\u00f3n consumeril surgida entre consumidor o usuario y el prestador \u2013que exceden los objetivos del presente-, debemos presentar distintas alternativas:<\/p>\n\n\n\n b.1)<\/strong> si se trata de una acci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios de naturaleza extracontractual donde el usuario sea el actor: estaremos ante la competencia de los Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual o Primera Instancia de Circuito seg\u00fan el monto[29]<\/sup><\/a>. En el caso que se reclamen da\u00f1os y perjuicios de car\u00e1cter contractual, corresponder\u00e1 a la Justicia de Distrito o Circuito, seg\u00fan el monto.<\/p>\n\n\n\n b.2)<\/strong> Ante cuestiones relativas al servicio que el usuario pretenda cuestionarlas por v\u00eda de amparo: estaremos ante la competencia de la Justicia de 1\u00b0 Inst. de Distrito Civil y Comercial, conforme las previsiones de la manda del art. 4 de la ley 10.456 (lo m\u00e1s usual suele ser el cuestionamiento de aumento tarifarios). Tambi\u00e9n hemos relevado casos donde el usuario cuestiona por la v\u00eda del amparo la mala prestaci\u00f3n del servicio[30]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n En el mismo ac\u00e1pite podemos ingresar los reclamos que efect\u00fae el usuario por la v\u00eda de la ley 10.000 en protecci\u00f3n de intereses difusos con fundamento en el ordenamiento jur\u00eddico-administrativo, que corresponden tambi\u00e9n a la competencia de la Justicia de Distrito Civil y Comercial.<\/p>\n\n\n\n En tal sentido, tiene dicho la doctrina especializada que \u201cde manera que cuando los concesionarios de obras o servicios p\u00fablicos no ci\u00f1en sus conductas a las obligaciones impuestas por las autoridades, \u00e9stas \u00faltimas se exponen a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n, por su propio incumplimiento del deber de control sobre los \u2018infractores\u2019, produci\u00e9ndose as\u00ed ese efecto reflejo\u2019\u201d[31]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n b.3)<\/strong> Ahora bien, ante situaciones de cobro judicial de la tarifa, vale decir, donde el prestador pretenda el cobro compulsivo de la misma: la competencia corresponder\u00e1 a la justicia de Distrito o Circuito, seg\u00fan el monto.<\/p>\n\n\n\n Correspondiendo, el cobro por v\u00eda de juicio ejecutivo en el caso de la EPE (art. 26 ley 10.014), y de Aguas Santafesinas S.A. (art. 91 ley 11.220). O en el caso de municipios, podr\u00e1n reclamar el cobro de tributos relativos a los servicios p\u00fablicos locales, por la v\u00eda del apremio ley 5066 \u2013en la medida que sean, reiteramos, conceptos tributarios-.<\/p>\n\n\n\n c) Contiendas Usuario \u2013Estado Concedente<\/u>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n En este sentido, podemos mencionar como hip\u00f3tesis eventuales reclamos por cuestiones de omisi\u00f3n de control, en rol de Estado concesionario (lo que podr\u00eda dar lugar a responsabilidad del Estado).<\/p>\n\n\n\n Otro ejemplo de ello viene dado por el caso de la responsabilidad del Estado por omisi\u00f3n de control en la falta de cobertura del seguro obligatorio en el caso del de transporte p\u00fablico -en Transporte Interurbano, transporte urbano-.<\/p>\n\n\n\n En tal sentido, la Dra. Zingaretti cita el caso resuelto por \u201cla C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, en fecha 21-06-2005, en autos \u201cBarrag\u00e1n, Emilia F. c\/ Empresa Zona Sud S.R.L. y ot. s\/ Cobro de pesos y acumulado Empresa Zona Sud S.R.L. c\/ Ortega, Osvaldo s\/ Da\u00f1os y perjuicios\u201d resolvi\u00f3 que en el marco de un contrato de concesi\u00f3n de transporte de pasajeros entre una municipalidad y una empresa privada, la responsabilidad extracontractual por accidentes se traslada al concesionario, eximi\u00e9ndose el estado concedente, aunque ello no est\u00e9 dispuesto expresamente. Consider\u00f3 que es de la naturaleza de la concesi\u00f3n que el concesionario act\u00fae por su cuenta y riesgo, pues la concesi\u00f3n implica la traslaci\u00f3n de una actividad del Estado al sector privado, y se trata de un contrato regido por el derecho p\u00fablico, distinto del celebrado entre concesionario y usuario, que se regula sustancialmente por el derecho privado. Para variar esta soluci\u00f3n deber\u00eda existir un pacto expreso en contrario, lo que en el caso no ocurri\u00f3\u201d[32]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la misma C\u00e1mara posteriormente, el 28\/10\/2008, en autos \u201cVila, Jos\u00e9 y otra c\/ Boullosa, Abel y otros s\/ Da\u00f1os y perjuicios\u201d<\/em>, donde la C\u00e1mara deslig\u00f3 de responsabilidad al Estado Municipal por una supuesta omisi\u00f3n de control de contar con la p\u00f3liza de seguros a un servicio de motos de agua concesionadas por el Estado Municipal, dado que el control sobre las actividades n\u00e1uticas corresponde a Prefectura Nacional Argentina \u2013al ser la jurisdicci\u00f3n de control sobre las actividades de navegaci\u00f3n en un R\u00edo interprovincial navegable, al tiempo que el dominio originario corresponde al Estado provincial en virtud de la manda del art. 124 in fine <\/em>de la Constituci\u00f3n Nacional-[33]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n El juzgamiento de tales controversias competen a la justicia ordinaria, en tanto no se cuestione un acto administrativo; o que para resolverlos no sea necesario interpretar las cl\u00e1usulas del contrato.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, en la misma l\u00ednea podemos mencionar los casos donde los usuarios o ciudadanos solicitan informaci\u00f3n relativa a un servicio p\u00fablico, donde la competencia para ello ser\u00e1 la C\u00e1mara Contencioso Administrativa para el caso que el mismo se canalice a trav\u00e9s de un reclamo previo[34]<\/sup><\/a> o la Justicia de Distrito Civil y Comercial, para el caso que la pretensi\u00f3n se incoe mediante una acci\u00f3n de amparo para el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n d) Conflictos usuario\/ente regulador<\/u>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n En igual sentido que el ac\u00e1pite anterior, podr\u00edan existir reclamos judiciales por parte del usuario ante el ente regulador, con fuente en la omisi\u00f3n de control o de actuaci\u00f3n por parte del ente de control del servicio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n d) Contiendas Estado-Estado<\/u>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tal supuesto, aunque parezca extra\u00f1o o de gabinete, fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en autos \u201cMunicipalidad de Esperanza c\/ Provincia de Santa Fe\u201d[35]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>, donde la Municipalidad intent\u00f3 la acci\u00f3n en defensa de la autonom\u00eda prevista en el art. 35 de la ley 11.330 (de recurso contencioso administrativo), contra el decreto del Poder Ejecutivo Provincial que adjudicaba la concesi\u00f3n del servicio de agua y saneamiento en Esperanza y fijaba exenciones tributarias.<\/p>\n\n\n\n 2.2.2. Servicios p\u00fablicos a nivel municipal<\/u>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n La prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos a nivel municipal puede ser: a) efectuada directamente por el municipio (ej: servicios de agua y saneamiento, en aquellas comunas y municipios no servidos por Aguas Santafesinas S.A.); b) prestador por un particular (mediante un t\u00edtulo habilitante como la concesi\u00f3n, la licencia o el permiso u otros t\u00edtulos como la locaci\u00f3n de servicios); c) servicios prestados por comisiones vecinales[36]<\/sup><\/a>; d) prestados por Cooperativas de servicios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, en el caso de servicios p\u00fablicos cooperativos, el usuario tiene adem\u00e1s, la condici\u00f3n de asociado, lo que genera la duda de \u00bfsi ello significa que debe agotar la v\u00eda interna en la cooperativa antes de accionar judicialmente? La respuesta estar\u00e1, en principio, en el estatuto de la respectiva cooperativa y el t\u00edtulo habilitante para la prestaci\u00f3n del servicio. Ahora bien, la ley, sin embargo autoriza los casos de usuarios no asociados[37]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n Sobre la naturaleza de las cooperativas prestadoras de servicios p\u00fablicos, Ren\u00e9 Balestra sostiene que ellas quedan comprendidas dentro del \u00e1mbito de las personas p\u00fablicas no estatales, ejerciendo funci\u00f3n administrativa mediante la prestaci\u00f3n de un determinado servicio, con la finalidad primordial de organizar y prestar solidariamente un servicio p\u00fablico[38]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n La Constituci\u00f3n Santa Fe, por su parte, reconoce el valor del cooperativismo en su parte dogm\u00e1tica[39]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n Por lo dem\u00e1s, remitidos al esquema descripto m\u00e1s arriba en el punto 2.2.1.<\/p>\n\n\n\n III. El poder de polic\u00eda y los servicios p\u00fablicos<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n 3.1.<\/strong> En primer lugar, hay que recordar que para Gordillo \u2013con una visi\u00f3n cr\u00edtica- no se puede hablar de dos t\u00e9cnicas de intervenci\u00f3n econ\u00f3mica superpuestas[40]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n Hoy en d\u00eda, a nivel federal, el poder de polic\u00eda se ejerce a trav\u00e9s de los organismos de control (tal como surge del art. 42 de la Constituci\u00f3n Nacional), \u00f3rganos a los cuales, luego el legislador denomin\u00f3 \u201cEntes Reguladores\u201d. Como resalta Alejandro P\u00e9rez Hualde[41]<\/sup><\/a>, resulta en tal sentido, evidente la distinci\u00f3n entre las dos funciones; \u201cregular\u201d remite al dictado de normas, de reglas de derecho[42]<\/sup><\/a>, mientras que \u201ccontrolar\u201d, al decir de Miriam Ivanega, es la constataci\u00f3n entre lo real y lo debido[43]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n En el caso de la provincia de Santa Fe, encontramos \u00fanicamente a la ENRESS, como ente reglador, con competencia en materia de control y regulaci\u00f3n en el servicio p\u00fablico de aguas y saneamiento, controlando tanto a la empresa Aguas Santafesinas, hoy de capitales estatales, como a las Comunas y Municipios (y sus entidades aut\u00e1rquicas, en caso que lo hubiera) y las Cooperativas servicios p\u00fablicos locales.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, el art. 3 de la ley 11.220 define al mismo como \u201cEnte Regulador de Servicio Sanitarios: Es el organismo instituido en el T\u00edtulo II, Cap\u00edtulo IV, de esta Ley, que ser\u00e1 competente para controlar y regular la prestaci\u00f3n del Servicio en toda la provincia de Santa Fe, en los t\u00e9rminos all\u00ed previstos\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n Entre sus competencias, la referida ley, establece (en su art. 6) que el Ente Regulador tendr\u00e1 facultades de regulaci\u00f3n y control de la prestaci\u00f3n del servicio en todo el territorio de la provincia. Podr\u00e1, asimismo, \u201cformular iniciativas y cumplir\u00e1 una funci\u00f3n consultiva obligatoria con relaci\u00f3n a la planificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las obras p\u00fablicas relativas al servicio\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n De igual modo, el art. 20\u00b0 de la ley 11.220 establece que \u201cEl Ente Regulador de Servicios Sanitarios tendr\u00e1 a su cargo el ejercicio del poder de polic\u00eda comprensivo de la regulaci\u00f3n y el control de la prestaci\u00f3n del servicio en todo el \u00e1mbito territorial de la provincia de Santa fe, cualquiera sea el prestador, y en particular, con la relaci\u00f3n al concesionario, controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de este \u00faltimo previstas en las normas aplicables\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a su naturaleza jur\u00eddica tiene car\u00e1cter de entidad aut\u00e1rquica, con capacidad de derecho p\u00fablico, dentro del Ministerio de Obras Servicios P\u00fablicos y Vivienda (art. 19 de la ley 11.220).<\/p>\n\n\n\n La Empresa Provincial de la Energ\u00eda (E.P.E.), por su parte, tiene funciones de polic\u00eda de seguridad en materia el\u00e9ctrica, con competencia de control y regulaci\u00f3n respecto de las Cooperativas de servicios p\u00fablicos que prestan el servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Vale decir, la EPE \u2013ante dichos supuestos- hace las veces de regulador.<\/p>\n\n\n\n En el derecho p\u00fablico santafesino, no hemos encontrado casos de entes reguladores de servicios p\u00fablicos municipales; sin perjuicio de que en la d\u00e9cada de los noventa muchos municipios a instancia del Banco Mundial crearon entidades aut\u00e1rquicas municipales para la prestaci\u00f3n del servicio local de agua y saneamiento, en las localidades donde no opera la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A.[44]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n A nivel comparado, encontramos que otras jurisdicciones han creado sus Entes Reguladores, o como el caso de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, con un \u201cEnte \u00danico Regulador de los Servicios P\u00fablicos\u201d, que fiscaliza, regula y controla todos los servicios p\u00fablicos locales (creado por el art. 138 de la llamada Constituci\u00f3n de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires y regulado por la ley 210 de fecha 29.06.1999).<\/p>\n\n\n\n Respecto de las funciones jurisdiccionales de la Administraci\u00f3n, la jurisprudencia de la CSJN ha aceptado su constitucionalidad en autos \u201cFern\u00e1ndez Arias\u201d[45]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>, en la medida que exista luego un control judicial suficiente de lo resuelto en sede administrativa.<\/p>\n\n\n\n